EL DERECHO A VIVIR

Cómo México intenta transformar la vivienda, el patrimonio y el bienestar en derechos reales para millones de familias

Durante décadas, millones de mexicanos vivieron bajo una paradoja cruel: trabajar toda una vida para pagar una casa que nunca terminaba de pagarse. La vivienda, el crédito y el patrimonio dejaron de ser instrumentos de estabilidad para convertirse, muchas veces, en mecanismos de incertidumbre.

Lo que se presentó en la reciente Mañanera del Pueblo no fue una suma de programas aislados. Fue la exposición de una nueva arquitectura social que busca convertir derechos escritos en papel en derechos ejercidos todos los días.

El fin de las deudas eternas

Pocas cosas generan más angustia que una deuda que nunca disminuye.

Durante años, millones de trabajadores atrapados en créditos indexados a la UMA observaron cómo, pese a pagar puntualmente, sus saldos seguían creciendo. Era un sistema que premiaba la permanencia de la deuda y castigaba el esfuerzo.

La conversión masiva de créditos del Infonavit y FOVISSSTE a pesos con tasas fijas representa mucho más que una corrección financiera.

Representa una corrección moral.

Los resultados comienzan a mostrarlo. Más de 457 mil familias han liquidado completamente sus créditos y millones más se encuentran dentro de procesos de reestructuración que les permiten visualizar, por primera vez, una fecha real para terminar de pagar su patrimonio.

Cuando una persona deja de deber su casa, no solo liquida una cuenta. Recupera tranquilidad, certidumbre y futuro.

La vivienda deja de ser mercancía

El segundo cambio es aún más profundo.

Durante años se habló de vivienda digna. Ahora el Estado mexicano adopta el concepto internacional de vivienda adecuada.

La diferencia parece semántica, pero no lo es.

La vivienda adecuada obliga a garantizar acceso a servicios, cercanía a centros de trabajo, accesibilidad para personas vulnerables, habitabilidad mínima y protección jurídica.

En otras palabras, ya no basta con construir casas.

Hay que construir comunidades.

La meta de 1.8 millones de viviendas cobra sentido precisamente bajo esta lógica. No se trata solamente de levantar desarrollos habitacionales. Se trata de generar condiciones para que millones de familias construyan proyectos de vida.

Y existe un dato particularmente revelador.

Tres de cada cuatro beneficiarios tienen menos de 40 años.

Una generación que durante años escuchó que comprar una vivienda era prácticamente imposible vuelve a aparecer en el centro de la política pública.

El patrimonio tiene rostro de mujer

Entre todas las cifras presentadas hay una que merece atención especial.

El 63.4 por ciento de las escrituras entregadas por procesos de regularización están a nombre de mujeres.

No es un dato administrativo.

Es una transformación social.

Durante décadas, millones de mujeres participaron en la construcción económica de sus hogares sin contar con derechos patrimoniales equivalentes. Hoy, la certeza jurídica comienza a equilibrar esa deuda histórica.

Cuando una madre recibe las escrituras de una propiedad, no solo obtiene un documento.

Obtiene autonomía.

Obtiene capacidad de acceso al crédito.

Obtiene protección para su familia.

Obtiene poder de decisión.

El patrimonio deja de ser una herencia reservada para unos cuantos y comienza a convertirse en una herramienta de movilidad social.

Bienestar también significa proteger el bolsillo

La construcción de bienestar no termina en la vivienda.

También pasa por el mercado, por el consumo y por la capacidad cotidiana de las familias para defender su economía.

Por eso las acciones de Profeco adquieren relevancia estratégica.

Desde la vigilancia de precios hasta el monitoreo de remesas, combustibles y productos básicos, el objetivo es reducir los abusos que durante años erosionaron silenciosamente el ingreso familiar.

Puede parecer un tema menor frente a las grandes cifras de vivienda, pero no lo es.

El bienestar también se construye cuando una familia paga menos por su canasta básica, encuentra mejores condiciones para recibir remesas o evita prácticas abusivas en los servicios que consume.

Un nuevo concepto de bienestar

Quizá el elemento más interesante de toda esta estrategia es que conecta temas aparentemente distintos.

Vivienda.

Crédito.

Patrimonio.

Consumo.

Incluso deporte.

Todos aparecen articulados bajo una misma idea: reducir la incertidumbre que durante décadas acompañó a millones de familias mexicanas.

La lógica es sencilla.

Una familia con vivienda segura vive mejor.

Una mujer con escrituras tiene más oportunidades.

Un joven con acceso a patrimonio puede planear su futuro.

Un trabajador sin deudas eternas recupera capacidad de decisión sobre su vida.

Y una sociedad con mayor certidumbre es también una sociedad más estable.

Y aquí es donde la inteligencia artificial y la estupidez humana se unen para opinar.

Los grandes cambios sociales rara vez ocurren en un solo decreto. Se construyen ladrillo por ladrillo, crédito por crédito y escritura por escritura.

Por eso la discusión de fondo no es cuántas casas se construirán ni cuántas deudas se reestructurarán. La verdadera pregunta es si México está logrando convertir derechos históricamente prometidos en derechos efectivamente ejercidos.

Si esa transformación se consolida, el mayor legado de esta etapa no serán las cifras. Será haber devuelto a millones de familias algo mucho más valioso que una vivienda: la certeza de que el futuro también les pertenece.