DICE MI MAMÁ QUE SIEMPRE NO

112 días fuera, 34 horas dentro y otra vez la puerta de salida: Rubén Rocha Moya descubrió que una cosa es poder regresar y otra muy distinta poder quedarse.

Hay regresos triunfales.

Y luego está el de Rubén Rocha Moya.

Después de 112 días de licencia, volvió a la gubernatura de Sinaloa. Duró unas 34 horas y volvió a pedir licencia.

Ni algunas dietas duran tan poco.

Ayer preguntábamos si había escuchado el mensaje de Claudia Sheinbaum.

Ya tenemos respuesta.

Sí escuchó.

Se fue Rocha, se quedó el problema

La nueva licencia resuelve una parte del problema político: Rocha deja nuevamente el despacho y Claudia Sheinbaum se ahorra cargar con la imagen de un gobernador cuestionado aferrándose al cargo.

Pero mover al gobernador no mueve el expediente.

Rocha conserva algo que resulta incómodo recordar cuando arrecia la tormenta política: la presunción de inocencia.

Las acusaciones no son sentencias.

Si existen pruebas, deben presentarse. Si existen responsabilidades, deben perseguirse. Y si no existen elementos suficientes, también habrá que decirlo.

Una licencia puede sacar a un gobernador de Palacio.

No puede convertirlo en culpable.

Ni abrazarlo ni aventarlo del barco

Aquí comienza el verdadero dolor de cabeza para Morena.

Si protege incondicionalmente a Rocha y mañana aparecen pruebas contundentes, tendrá que explicar por qué confundió compañerismo con impunidad.

Pero si lo abandona hoy, antes de que las instituciones mexicanas acrediten responsabilidades, habrá convertido la conveniencia política en sentencia.

Ese es el tamaño del dilema.

“No somos iguales” debería significar precisamente eso: ni impunidad por ser compañero ni culpabilidad por resultar incómodo.

Porque los principios son facilísimos cuando se aplican al adversario.

La prueba comienza cuando toca aplicarlos a los propios.

El elefante está en Washington

Y luego está Estados Unidos.

México no puede ignorar acusaciones graves provenientes de autoridades estadounidenses.

Pero tampoco puede entregarles una facultad que constitucionalmente no tienen: decidir qué gobernador mexicano es políticamente sostenible.

Si hay pruebas, que lleguen.

Si México encuentra responsabilidades, que proceda.

Si Rocha cometió delitos, que enfrente las consecuencias.

Pero una acusación extranjera no puede convertirse automáticamente en sentencia mexicana.

De lo contrario aparece una pregunta bastante incómoda:

¿quién termina poniendo y quitando gobernadores en México?

Defender la soberanía tampoco significa fabricar un escudo alrededor de Rocha.

Significa algo más difícil: investigar sin obedecer y cooperar sin someterse.

Las 34 horas más largas de Sinaloa

La fugaz reaparición de Rocha dejó, sin embargo, una lección política interesante.

Ayer escribíamos que Claudia Sheinbaum no tiene un botón constitucional para despedir gobernadores.

Hoy sabemos que tampoco lo necesitaba.

Rocha tenía derecho a regresar.

Lo que descubrió en apenas 34 horas fue el precio político de quedarse.

Y terminó diciendo:

Dice mi mamá que siempre no.

Divertido para la crónica.

Mucho menos divertido para las instituciones.

Y aquí es donde la inteligencia artificial y la estupidez humana se unen para opinar.

La licencia resolvió el problema del fin de semana. No resolvió el caso Rocha.

Ahora viene lo difícil.

México debe demostrar que puede investigar a uno de los suyos sin protegerlo, juzgarlo sin condenarlo anticipadamente y defender su soberanía sin convertirla en refugio de nadie.

Con Rocha nuevamente fuera del despacho ya no hay pretextos.

O aparecen las pruebas y se procede.

O no aparecen y habrá que tener también el valor político de decirlo.

Porque una cosa es decir: “siempre no”.

Y otra muy distinta es que la justicia termine diciendo: “quién sabe”.