Ni censura, ni espionaje: lo que sí dice la nueva Ley de Telecomunicaciones

¿Por qué leer esta columna?

Porque las redes sociales han encendido alarmas de censura y espionaje con la nueva Ley de Telecomunicaciones. Pero más allá del ruido, lo que dice la ley —y lo que no dice— merece una lectura con lupa. La diferencia entre vigilancia legal y paranoia digital es una línea delgada… que esta columna traza con datos.

¿Qué pasó en la Mañanera del 1 de julio?

La presidenta Claudia Sheinbaum cedió el micrófono al titular de la Agencia de Transformación Digital, Pepe Merino, para responder de forma directa a lo que calificó como “especulaciones infundadas” sobre censura, espionaje y suplantación de identidad. El mensaje fue claro: la nueva Ley de Telecomunicaciones mantiene exactamente el mismo marco que la ley aprobada en 2014 por el PAN y el PRI. No hay facultades nuevas para espiar. No hay poderes extraordinarios para censurar. No hay vigilancia sin orden judicial.

Además, se aclaró el funcionamiento actual de Llave MX, la plataforma digital para trámites del gobierno federal: hoy, ningún trámite puede concluirse solo con Llave MX. Siempre se exige documentación adicional validada por un servidor público. La plataforma no es una credencial mágica ni una llave maestra. A lo mucho, es la entrada a un proceso donde la verificación de identidad sigue siendo analógica.

¿Qué dice realmente la ley?

La redacción del artículo 183 del nuevo dictamen es idéntica a la del artículo 190 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014. En ambos casos, los concesionarios están obligados a colaborar con autoridades de seguridad y justicia “en los términos que establecen las leyes”. Esas leyes, a su vez, son el artículo 16 constitucional y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que exigen autorización de un juez para cualquier intervención o acceso a datos geolocalizados.

Sobre los derechos de las audiencias —otro punto polémico— el nuevo dictamen recupera el marco de 2014: el procedimiento inicia solo si una persona presenta una queja ante el defensor de audiencias de un medio. A partir de ahí, la autoridad puede emitir un apercibimiento. No hay censura proactiva. Hay un mecanismo de protección de derechos básicos: no discriminación, programación infantil adecuada, separación entre publicidad y contenido.

¿Qué implica esto políticamente?

Que el gobierno de Sheinbaum apuesta por desactivar crisis digitales con datos verificables. Que prefiere enfrentar la desinformación con transparencia jurídica y explicaciones públicas. Que responde en conferencias, no con silencios. Y que entiende que, en 2025, la confianza institucional se juega también en Twitter, TikTok y canales de WhatsApp.

Pero también muestra una advertencia silenciosa: las fake news ya no se lanzan solo contra personas, sino contra leyes enteras. Y eso requiere una nueva pedagogía de lo público. Una ciudadanía crítica no solo exige derechos, también se informa con rigor.

Y aquí es donde la inteligencia artificial y la estupidez humana se unen para opinar:

La estupidez humana, la mía, se deja arrastrar a veces por titulares que gritan “espionaje” sin leer un solo artículo legal. Que teme al archivo PDF más que al poder real. Que ve en cada plataforma digital un panóptico distópico, sin preguntarse si los verdaderos abusos están en otro lado.

Esta vez, me detuve. Leí la ley. Comparé versiones. Busqué el artículo 303 del Código Penal. Y sorpresa: nada ha cambiado. Ni se puede espiar sin juez, ni censurar sin queja. Tal vez, solo tal vez, el verdadero problema no está en el texto legal… sino en la desconfianza que todos llevamos dentro.