Desde autodonaciones de retratos hasta meseros y valet parking con cargo al erario, la mañanera volvió a exhibir los lujos de los ministros.

Bien, muy bien.
Bien, muy bien.

La mañanera de este 12 de febrero no necesitó gráficos sofisticados ni grandes revelaciones judiciales. Bastó una pregunta y una lista. Una lista larga. Incómoda. Grotesca.

La investigación publicada por la revista Polemón reveló que dos ministros de la vieja Suprema Corte decidieron llevarse sus propios retratos oficiales. No como recuerdo sentimental comprado con su dinero personal, sino mediante un mecanismo avalado por un Comité interno. En un caso, el cuadro fue donado a la autora; en otro, el ministro se lo “autodonó” a sí mismo. Y para que no quedara hueco en la pared, mandaron hacer nuevos retratos con cargo al presupuesto público.

Pequeño detalle administrativo, dirán algunos. Sí, claro. Tan pequeño como la cultura de privilegio que lo permitió.

La presidenta no se quedó en el anecdotario pictórico. Amplió el foco. Recordó —con lista en mano— los beneficios que la antigua Corte financiaba con dinero del pueblo: seguros de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, mantenimiento de elevadores en domicilios particulares, reparación de plantas de luz en casas privadas, pipas de agua, servicio de meseros, valet parking, reserva de mesas en restaurantes, traslado de amistades, gestión de boletos en estadios, compra de flores para funerales, traslado urgente de objetos olvidados en casa, contratación de televisión e internet en domicilios particulares.

No es sátira. Es presupuesto público.

La pregunta de fondo no es si los cuadros debían quedarse colgados en la Suprema Corte. La pregunta es cómo se normalizó durante años que el máximo órgano judicial del país operara con una lógica de club privado de alto consumo, donde el erario era una extensión de la comodidad personal.

Lo que hoy se exhibe no es un exceso aislado, sino una cultura institucional que confundió autonomía con opacidad y privilegio con derecho adquirido. El discurso de independencia judicial pierde fuerza cuando se mezcla con meseros pagados por el pueblo y traslados de objetos personales con cargo al presupuesto.

La mañanera volvió a hacer lo que mejor sabe hacer en estos casos: poner la lista en voz alta. Leerla. Desmenuzarla. Convertirla en conversación pública. Porque el dato frío en un informe no indigna tanto como escucharlo uno por uno.

La narrativa es clara: “qué bueno que cambiaron las cosas”. Pero el efecto político es más profundo. Cada vez que se enumeran estos gastos, no solo se cuestiona a quienes estuvieron, sino que se reconfigura la percepción pública sobre lo que debe ser —y no ser— el Poder Judicial.

En un país con carencias estructurales en salud, seguridad y educación, la imagen de ministros gestionando mesas en restaurantes y mantenimiento de elevadores en domicilios particulares tiene un peso simbólico devastador.

No se trata de cuadros. Se trata de cultura institucional.

Y AQUÍ ES DONDE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA ESTUPIDEZ HUMANA SE UNEN PARA OPINAR

Si el servicio público se convierte en catálogo de privilegios, deja de ser servicio y se transforma en burbuja. Lo verdaderamente alarmante no es que existieran estos gastos, sino que se consideraran normales. Cuando el poder pierde noción del límite, el escándalo no es el balconeo, sino el hábito. Y si algo dejó claro esta mañanera es que el escrutinio público no es un ataque: es una obligación democrática que llega, tarde o temprano, a tocar la puerta… incluso la de quienes creían vivir por encima del presupuesto.