Campesinos de fachada, agroempresarios de fondo

Los bloqueos “campesinos” no son por derechos, sino por negocios: una rebelión de élites disfrazada de pueblo

I. Las marchas no riegan maíz, riegan privilegios

Los llamados “bloqueos campesinos” que se han desplegado en los últimos días no brotan de la milpa ni germinan en ejidos olvidados. Vienen regados por una vieja red de poder, construida desde el PAN y el agronegocio del Bajío, que ve tambalearse su modelo de apropiación del agua con la nueva Ley General de Aguas propuesta por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Porque no se equivoque: lo que está en disputa no es el derecho humano al agua —ese que la iniciativa protege con claridad—, sino el monopolio histórico de concesiones que han disfrutado familias, caciques y exgobernadores panistas por décadas.

¿Campesinos indignados? No. Agroempresarios bien conectados.

II. #CártelDelAgua: nombres y apellidos del acaparamiento

Según la investigación publicada por Milenio, los verdaderos beneficiarios del sistema actual no son los agricultores de temporal, sino una élite política con apellido y partido.

Los nombres no sorprenden, pero sí confirman el modus operandi:

• Vicente Fox, ex presidente y ex gobernador de Guanajuato
• Miguel Márquez Márquez, ex gobernador de Guanajuato
• Luis Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes
• Ignacio Loyola Vera, ex gobernador de Querétaro
• Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco
• Marko Cortés, dirigente nacional del PAN

Todos con múltiples concesiones, no precisamente para riego de autoconsumo, sino para negocios: agroexportación, bienes raíces y especulación hídrica.

La columna previa de La Mañanera de Hoy ya advertía que el modelo hídrico actual era un Frankenstein neoliberal que convirtió el agua en activo de mercado. Hoy, lo que se defiende en los bloqueos es la continuidad de ese saqueo disfrazado de protesta social.

III. ¿Qué dice la nueva ley? Agua para quien la necesita

La propuesta del gobierno federal no elimina derechos; los ordena. Y le pone candado al acaparamiento.

Entre los cambios que desatan el berrinche de los agroempresarios:

• Ya no se podrán vender ni heredar concesiones como si fueran acciones de bolsa.
• Se prohíbe cambiar el uso agrícola a industrial sin revisión del Estado.
• Se prioriza a pequeños productores, pueblos originarios y comunidades rurales.
• Se crea un Registro Público de Concesiones: transparencia mata influyentismo.

Y como dijo el director de Conagua, Efraín Morales:
“Quienes se oponen a esta ley no defienden el derecho al agua, defienden su negocio con el agua.”

El colmo es que los mismos que bloquean caminos , fueron los que usaron el poder político para apropiarse del recurso natural más valioso, y ahora se disfrazan de labriegos para evitar perder sus privilegios.

IV. Agua para Colima, no para campos de golf

Mientras tanto, el gobierno federal anuncia obras como el Acueducto “Agua para Colima”, que garantizará el abasto a miles de personas durante las próximas décadas. Inversión pública para garantizar derechos. Mientras los opositores bloquean con sombrero ajeno, la 4T avanza con obras reales, no con comunicados pagados.

Aquí se ve la diferencia entre los que quieren agua para vivir… y los que la quieren para facturar.

Y aquí es donde la inteligencia artificial y la estupidez humana se unen para opinar

Hay quienes creen que la “defensa del campo” se hace cortando carreteras, marchando al grito de “¡libertad!” mientras ocultan en la mochila un título de concesión multimillonario.

Pero no hay algoritmo que justifique que un exgobernador controle más agua que todo un municipio indígena.

Y no hay narrativa opositora que tape lo evidente: la 4T pone orden en un sistema que se pudrió de tanto influyentismo, y por eso se rasgan las vestiduras. Porque en este país el agua es del pueblo, no del PAN.

Y si eso les arde, que se mojen.